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Posicionamiento del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia ante la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior

Los integrantes del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales expresamos nuestra profunda preocupación por el impacto que tendrá para el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información en México la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior, recientemente aprobada por el Congreso de la Unión.

Como instancias del Sistema que fue creado para articular y generar procedimientos, instrumentos y políticas enfocadas al fortalecimiento de la transparencia, el acceso a la información, la protección de los datos personales y la rendición de cuentas del Estado Mexicano, sumamos nuestra voz a la de múltiples organizaciones nacionales e internacionales, académicos y ciudadanos que advierten en esa ley un peligro para la efectiva tutela y garantía de los derechos humanos.

Advertimos de manera particular que habrá un obstáculo para el adecuado ejercicio del derecho humano a la información –tutelado por el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por diversos tratados e instrumentos internacionales de los que nuestro país forma parte–, cuando se trate de información generada con motivo de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior.

Señalamos, al igual que lo hiciera el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en su comunicado INAI/411/17 del pasado 11 de diciembre, que el artículo 9 de la citada legislación es contrario al principio de máxima publicidad.

En tal sentido, reiteramos tal y como lo señaló el órgano garante nacional, que “por regla general, toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, acreditando los extremos de la prueba de daño”.

En este sentido es importante precisar que, si bien es verdad que la excepción al principio de publicidad de la información se actualiza cuando es clasificada como reservada por razones de interés público y seguridad nacional, también es cierto que debe delimitarse de manera específica y caso por caso qué tipo de información es la que actualiza dichos supuestos de excepción.

No obstante lo anterior, la Ley de Seguridad Interior aprobada diluye el ejercicio del derecho a la información al establecer que toda la información que se genere con motivo de la aplicación de esa ley es considerada de Seguridad Nacional y clasificada de conformidad con la Ley de Seguridad Nacional y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información.

Tal disposición constituye en los hechos una clasificación de carácter general, lo cual es contrario al principio de máxima publicidad, y contraviene al artículo 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que establece que toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.

Asimismo, el multicitado artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior es contrario a lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley General de Transparencia, toda vez que este último señala claramente que los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general que clasifiquen documentos o información como reservada, y que en ningún caso se podrán clasificar documentos antes de que se genere la información.

Por otra parte, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por este Sistema Nacional de Transparencia, son claros en establecer los criterios con base en los cuales los sujetos obligados clasificarán como reservada o confidencial la información que posean; así como para generar, en su caso, versiones públicas de expedientes o documentos que contengan partes o secciones clasificadas.

Así, el lineamiento quinto señala que recaerá en los sujetos obligados la carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación previstos en las Leyes General, Federal y estatales de transparencia, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación de la información ante una solicitud de acceso o al momento en que generen versiones públicas  para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, observando lo dispuesto en la Ley General y las demás disposiciones aplicables en la materia.

Y por su parte el lineamiento sexto reitera la prohibición de emitir acuerdos de carácter general que clasifiquen la información o clasificar documentos antes de su generación; precisando además que la clasificación debe efectuarse conforme un análisis caso por caso mediante la aplicación de la prueba del daño y de interés público.

Como se puede apreciar, la pretensión de limitar el acceso a la información generada con motivo de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior no es acorde a los parámetros establecidos en el Título Sexto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información.

La Ley de Seguridad Interior de ninguna manera se ajusta a las bases principios y disposiciones relativas a la clasificación de la información; por el contrario, dada su vaguedad y amplitud de redacción es factible que se generen condiciones para que de manera indebida las entidades encargadas de la aplicación de esa ley clasifiquen toda la información, incluso antes de que la misma se genere.

Lo anterior no permitirá a la sociedad en general ejercer mecanismos de control democrático ni de rendición de cuentas, respecto de las actividades que se contempla llevar a cabo con motivo de la implementación de la Ley de Seguridad Interior, lo que sin duda vulnera el principio de progresividad de un derecho humano reconocido tanto en la Constitución como en los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano, como lo es el derecho humano de acceso a la información.

En consecuencia, y ante la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior, se hace necesario que el Consejo Nacional Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se pronuncie respecto de las implicaciones negativas que la ley en comento tendrá en el ejercicio del derecho de acceso a la información en materia de seguridad interior.

Asimismo, este Consejo hace un respetuoso y atento exhorto al Ejecutivo Federal para que, conforme a sus facultades legales, emita las observaciones pertinentes a la legislación a fin de subsanar todo aquello que pueda limitar el ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución General.

Finalmente, el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia estará atento para respaldar las acciones que el INAI emprenda de conformidad con sus facultades legales, ante la promulgación de dicha legislación por considerarla inconstitucional.

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